Policías impunes y pibes pobres presos. El Poder Judicial, esa caja donde mandan los códigos secretos de la facultad del derecho. La idiosincrasia que sostiene un sistema de policías impunes y presos sin condena.
Los primeros dos puntos hablan sobre el juicio de la Masacre de José León Suárez, en el que quedó en claro que la distancia entre el lenguaje que se habla en los barrios y los códigos judiciales es un impedimento en el acceso a la justicia por parte de las mayorías.
Los últimos dos puntos también son una muestra de la falta de acceso a la Justicia por parte de los humildes: la aplicación automática de prisión preventiva para pibes con vicera.
Abogados, fiscales y jueces, casi sin darse cuenta, hablan un idioma incomprensible para el resto de los mortales.
I. El beneficio de la duda
A dos policías se los acusaba por la muerte de dos chicos, Franco Almirón y Mauricio Ramos, y por haber intentado matar a Joaquín Romero. El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Martín consideró pertinente absolver a Gustavo Rey y que Gustavo Vega sea condenado a 7 años. “Como el Poder Judicial no se ha democratizado, la Justicia no llega a nuestro pibes”, dijo después de escuchar la sentencia Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, un chico que asesinó la policía en Mendoza.
Gustavo Garibaldi, Mónica Carreira y María del Carmen Castro –tras siete horas de deliberaciones– decidieron por unanimidad dejar a Rey en libertad por el beneficio de la duda. Las víctimas, las personas que fueron objeto de esta represión, que se acercaron con sus carros y bicicletas cuando vieron al tren descarrilado, iban a la quema del CEAMSE. En el relleno ecológico les dan una hora por día para revolver la basura y ver qué rescatan. Los policías estaban desesperados por cuidar ese tren, y dos de ellos –como mínimo– dispararon con balas de plomo. Al Pela y a Franco les dieron y los mataron. Eso es seguro. “Hay que a ver si a un pibe chorro le dan tanto beneficio de la duda”, dijo por lo bajo una abogada del CELS. Luego de que se leyera la sentencia nadie quería salir de la sala, nadie quería irse y dejar las cosas así, injustas. Rey tenía 23 años al momento de los hechos, y era un policía motorizado de la Buenos Aires 2, aquel intento fallido por “modernizar” la bonaerense. Se volvió a su casa después de tres años de prisión preventiva.
“Cómplices”, gritó en la sala un diputado nacional. No sólo los familiares de las víctimas lloraban. La madre del Pela se descompuso. Los militantes que venían acompañando todas las audiencias se vieron sorprendidos por las lágrimas de bronca. Había muchos más gendarmes que de costumbre. No valieron los testimonios de los amigos de la esquina. Se llegó a juicio oral en 3 años porque hubo mucha movilización popular en el lugar, el Movimiento Evita puso todo su poder territorial y su densidad política atrás de esta causa.
El día que mataron al Gordo y al Pela el barrio salió a protestar en la puerta de la Comisaría 4° de San Martín y hubo como 30 presos, incluso un chico de 14 años. Se ganó el territorio con marchas desde avenida Márquez hasta adentro del barrio, con presencia de funcionarios, como el vice gobernador Gabriel Mariotto. Gracias a toda esa presión se pudo intervenir en la investigación: dificultar la confección de actas truchas, convencer a los testigos para que se animen a declarar, entre otras cuestiones. Cada 3 de Febrero se marcha hasta el lugar donde les dispararon. Donde está el monolito con sus fotos, que levantaron los amigos de la esquina, con ayuda de los (y las) cooperativistas del Argentina Trabaja.
Joaquín Romero es el chico que sobrevivió a las balas que le disparó el policía Vega. Se acuerda bien de ese día. Dijo que el policía se le apareció como si estuviera “en una cacería”, que tiene grabada su “cara de maldito”, cuando lo vio salir de entre los pastos, apuntarle, dispararle. Él estaba mirando el quilombo desde atrás de una pila de chatarra, abajo de un árbol. Justo donde había un puente de chapa que cruza el zanjón hasta las vías. Les tiraron una bomba de humo, y fueron varios los que salieron del escondite.
La defensa de Vega había pedido que consideren que disparó “en legítima defensa”. El Tribunal no lo aceptó y le dieron 7 años. A Vega lo acusó ante sus superiores otro policía, que habló con el entonces jefe de la Departamental, Mario Briceño. La fiscalía había pedido 15 años, agravado por su cargo.
II. Voces del barrio
Joaquín declaró en el día que se inició el juicio. En los fundamentos del veredicto, no se reproducen las preguntas, sino que se articulan las respuestas. En resumidas cuentas, puede leerse que Joaquín escuchó el ruido del descarrilamiento desde su casa, que se quedó mirando un rato desde el puente de chapa que cruzaba siempre para ir al CEAMSE, que volvió a su casa para buscar la bici para ir a la quema. Se encontró con los pibes y comentaron que la policía estaba tirando tiros “de verdad”.
Los policías estaban formados atrás del tren, y Joaquín recordó que vino una moto por el otro lado, por el lado del barrio, que tiraron unos tiros y la gente corrió para el lado donde estaban ellos, más cerca de la vía. También que vio a un policía alto y con lentes de sol que le apuntaba a él y a su grupo desde atrás de un vagón (sería Rey), y a otro canoso que apuntaba y se reía (ese se supone que es el que denunció a Vega en asuntos internos). Joaquín decidió irse. Volvió para donde tenía la bici, atrás de la pila de chatarra. “Viene Franco y me dice ´viste lo que pasó, está tirando con balas de verdad la policía´, y yo le dije que sí, que vi al canoso que tiraba. Nos vamos por el puente y ahí no había más policías, bah yo no los vi, ya no había gente para tirarle y cuando me cruzo para el puente y levanto la cabeza veo que uno sale del medio y me estaba apuntando y Franco me dijo corré. Ahí me doy vuelta y me disparó más de una vez”. Según las pericias la distancia no superaba los 20 metros.
La fiscal Ana Armetta lo interrogó. Había funcionarios sentados en la primera fila. Un rato estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda. En la puerta había una movilización: “Ni un pibe menos”.
-¿Usted pudo reconocer a la persona que le disparó?- preguntó la fiscal.
-Me quería dejar tirado ahí, muerto. Me quería matar.
-¿Y usted lo reconoció?- insistió.
-El que me disparó era grandote con cara de maldito. Sigo soñando con el ruido de las balas que pegaban en los escombros.
-A ver. Usted levantó una mirilla, en un evento que se llama rueda de reconocimiento. ¿Lo reconoció ahí?
-Yo cuando fui al reconocimiento lo reconocí, había uno que se parecía. Me tiró con una escopeta.
-¿Lo vio?
-Lo vi parecido. Al que reconocí era igual.
-¿Parecido o igual?
-Igual, pero con el pelo un poco distinto. Dos estaban atrás del tren y otro, no sé cómo, salió de entre medio de los pastos, como si hubiera estado de cacería, y disparó.
-¿Pero lo reconoció o no?-. Las preguntas de la fiscal resonaban como un ataque. El juez Garibaldi intervino para explicar que cuando hicieron la primera rueda de reconocimiento pusieron al hermano de Gustavo Vega, el instructor de tiro que le disparó. Joaquín, todavía herido, los confundió. Eran parecidos. Además la mayoría de los chicos que se sentaron en el estrado de los testigos lo hicieron sintiendo que corrían un riesgo. Tienen la costumbre de ser señalados como posibles culpables. Sólo uno se animó a decir que tiró piedras a los policías. Los abogados terminaron tomando nota de que la víctima se había enterado del resultado de la rueda de reconocimiento, y no debería. Los errores de procedimiento son piedras preciosas para empantanar el camino. “Lo conozco al policía, lo conocía acá cuando entró”, pudo dejar en claro Joaquín, después.
La forma de preguntar de la fiscal no era una cuestión de mala voluntad. Después de la sentencia, Ana Armetta y Raúl Sorraco se acercaron a las tías de Mauricio Ramos para decirles que las puertas de la fiscalía estaban abiertas para ellas, para ponerse a trabajar. El crimen del Pela había quedado impune.
El abogado del CELS, Federico Efrón, aclaró que llevarán la causa a Casación para demostrar que esa duda no está bien fundada: que a lo largo del juicio se expuso prueba suficiente para demostrar que Rey gatilló contra los chicos. Serán centrales los testimonios de tres de los pibes del grupo de amigos, que sobrevivieron a las balas. En esta primera instancia, el Poder Judicial los desestimó por imprecisiones.
Además, el CELS, la Campaña contra la Violencia Institucional, el Movimiento Evita, y otros actores políticos y sociales, buscan que se avance en una segunda causa, que ya está abierta, y que asciende en las líneas de investigación para que se juzgue a las personas que tomaron las decisiones sobre el operativo, como responsables por este desenlace.
Algunos creen que en Carcova la Policía Bonaerense descargó la bronca por el compañero muerto. El 3 de Febrero de 2011, antes de que descarrilara habían matado a un policía que estaba de consigna en el Camino del Buen Ayre, para robarle el chaleco y el arma reglamentaria. El entonces ministro de Seguridad bonaerense Ricardo Casal estaba ahí, en conferencia de prensa. Después de la muerte del Pela y Franco, salió a repetir la versión policial: habían descarrilado un tren apropósito, que los culpables eran unos muertos de hambre violentos y peligrosos, y que los pobres policías no hicieron más que actuar en legítima defensa.
III. Preso por las dudas
Al Negro lo acusan por vender cocaína. En la causa hay un testigo que dijo que le compró un gramo, pero no se lo puede encontrar porque su DNI y sus datos no coinciden. Con ese único dato se inició una investigación en su contra. A los 15 días, encontraron a “un menor”, que para en la misma esquina que el Negro, con un gramo encima. Le pegaron hasta que dijo que se la compró a él.
Con esta excusa, la policía se metió en su casa. Entraron primero a la casa de la abuela y a la de su primo, que son en el mismo terreno. Hicieron que toda su familia se tire en el piso boca abajo y con las manos a la vista. Llamaron a un testigo de su confianza por teléfono, esperaron a que llegara y lo hicieron pasar. Uno de los policías metió la mano atrás del lavarropas, sin revolver nada, y sacó una ziplock con paquetitos de un gramo. La fiscalía fue haciendo lo que la policía le pedía, en cada instancia.
Al Negro se lo llevaron a una comisaría y su mamá empezó un peregrinaje para llevarle ropa, comida, cepillo de dientes, un equipo de música, libros, plata para un abogado penalista. Hay que juntar como 45 mil pesos para empezar a hablar. Finalmente consiguió unos abogados penalistas por intermedio del Tío, que es el familiar del Negro que más contacto tuvo con el código penal. Los conoció cuando les salió como testigo en una causa contra la policía, y los policías terminaron presos. Estos abogados llegaron a la televisión por algunos casos. Son dos o tres socios. Es difícil encontrarlos sin audiencia y con tiempo para explayarse. Trabaja con empresas de seguridad de Tigre. Su ideología es que todos tienen derecho a la defensa y se especializa en lograr penas morigeradas.
Los padres del Negro no saben qué hacer con los abogados. “Yo te digo, no tengo miedo que venga otro pibe y le haga algo. Yo tengo miedo que la policía le haga algo. Es lo lógico, es lo que vivimos”, decía siempre su mamá. Y después pasó que cayó al boleo.
La droga se la plantó el Gallo. De chico merendaba en la casa del Negro, cuando creció entró a trabajar en una pizzería y se puso a vender un poco. Por esas cosas de la vida quedó como buche de la policía.
El Gallo estuvo a la tarde en la casa del Negro y escondió la ziplock con papelitos de un gramo atrás del lavarropas. Se fue con otro amigo, el Rubio. Le regaló un papelito. “Cosa rara porque este Gallo se la toma siempre solo”, llegó a pensar el Rubio, y se encontró con el puño de un policía. “Sí tengo esta bolsita”, confesó rápido, para tratar de salvarse. Lo imputaron por tenencia. A los golpes, lo obligaron a declarar que el Negro se la había vendido. Hay una segunda causa abierta, donde el Rubio denuncia apremios ilegales.
Estos abogados opinan que muchas veces la policía hace allanamientos por motivos falsos, pero no la pifian con las personas que detienen. “Yo lo quiero salvar, creo que el Negro tiene que estar en libertad. Pero además hay que evitar que quede en un quilombo con la policía”, le dijo al padre. “Si vas en contra de la policía te lo apuñalan adentro de la cárcel y se sacan un quilombo de encima. Por eso mejor que no venga el amigo diputado”, recomiendan. Con estos abogados lograron que lo dejaran fijo en ese pabellón, religioso, no lo puede mover nadie más que el juez. El padre del Negro, además sintió amenazas con llamados de una cárcel que le decían “a tu hijo narco lo vamos a matar”. El teléfono de su casa está intervenido “porque el Negro iba a venir a casa cuando le dieran la pulsera”. Se la negaron, pero el teléfono quedó intervenido igual.
Dicen que en la causa del Negro “el problema es la valoración de la prueba”. Sobre todo en los tribunales de San Martín, lo que dice un policía no puede contradecirse con los dichos de un testigo simple. “Es muy difícil que la justicia dude de un funcionario público: se necesita prueba científica”. La pesadilla de los jueces es tener a Crónica, C5N y Clarín en la puerta porque largaron a un pibe chorro que reincidió. Además, el problema es la ley: se persigue a la sustancia y no la ruta del dinero. Los que manejan el narcotráfico “ni la tocan”.
IV. Entran por una puerta y salen
Los abogados defensores pueden entrar a la cárcel en cualquier momento. Es su lugar de trabajo. No importan los horarios de visita. Hablan por teléfono, sentados en un bar, uno enfrente del otro. Sin pedir la cuenta sacan billetes del bolsillo, los dos tienen sacos serios, y compiten para ver quién paga. El más joven pierde y se guarda los 70 pesos. Se defiende con un chiste: “Son los mismos billetes desde hace un mes”.
“El problema de la inseguridad no se resuelve ni con más policía, ni con penas más duras. Para los tipos que están en la cárcel ya existe la pena de muerte, la tienen a la vista todo el tiempo. Hay verdades en todos lados”, dice uno.
Adentro del penal un policía indica que dejen las credenciales en una canasta. Para entrar a ver al Negro hay otros fierros más. “Esa casita con ventanas es el centro del panóptico, no hablen mucho acá”, advierte. No consigue la salita de defensoría, para hablar sin vigilancia. Le cuentan cómo va la causa. El Negro cuenta lo suyo, que con los pibes está re bien, que las cosas que vio adentro son como para escribir un libro, que los pibes se cagan de hambre, que cuando salga va a laburar para que vivan con derechos humanos. Prende un pucho con la colilla del otro. Afuera no fumaba cigarrillos. Jugaba bien a la pelota. No hay más tiempo. Se despiden hasta la próxima. El Negro vuelve al pabellón. Son 10 en su celda y se tienen que saltar unos a otros para ir al baño. Igual está más tranquilo que en Olmos: “Allá se moría un pibe por día, acá se muere uno por semana”.
“Yo creo que hay un problema de valores: un tipo que te viene a ver la primera vez angustiado por la condena que siente al tener que declararse en quiebra, a los dos meses ya está pensando en los beneficios que podría tener si presenta tal concurso de acreedores. Hay muchos estafadores en potencia”, dice uno de los letrados. “Mi abuelo era gerente de un banco, de una localidad bonaerense, y financió el desarrollo industrial de esa ciudad durante el peronismo. Se murió sólo con su casa. Y muchos de mis familiares reclaman que no se haya quedado con más”, agregan.
Para los abogados salir es fácil, y además no dejaron los documentos en la canastita. Sacan sus credenciales del bolsillo y el personal penitenciario abre el portón. Antes de salir de la cárcel, un preso se asomó entre unas rejas, y les pidió una tarjeta. Se la negaron. Aclaran que aceptaron el caso del Negro como una excepción. Los abogados son un bien escaso. Sus celulares sonaron -en mute- sin parar todo el rato que estuvieron adentro. La mujer quiere convencerlo de comprar alguna cosa que para él es un gasto innecesario y le ofrece sushi casero a cambio.
Vanina Pasik
Buenos Aires, EdM, abril 2014
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